Un país sin parlamento
Como sistema político, la democracia parece seguir siendo el menor de los males posibles. Su delicado balance alberga riesgos: lo que denominamos el sistema de controles y contrapesos parece, en ocasiones, transformarse en una compleja máquina de Goldberg cuyo más pequeño desequilibrio puede conducir a una catástrofe.
El Estado existe para protegernos de nosotros mismos: según el pacto social, entregamos parte de nuestra libertad con la finalidad de que a cambio, se nos proteja de los otros, se nos permita disfrutar de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra propiedad. Pero ¿quién nos protege del Estado? Teóricamente, la separación de poderes: cada una de las ramas del poder (tradicionalmente, tres; en Venezuela, cinco) tiene como función limitar a las otras, impedir que éstas sobrepasen sus funciones, alteren el delicado equilibrio. El equilibrio, como puede decirnos cualquier funambulista, no es sino la combinación correcta de infinitos desequilibrios: hay que estar todo el tiempo a punto de caerse para poder mantenerse encima de la cuerda.
El poder legislativo es, de algún modo, el que de manera más cercana constituye la representación del pueblo, el que más se aproxima al ideal olvidado del ágora romana: electo por votación popular, y conformado de manera plural, debería estar más cerca de expresar la verdadera voluntad de los votantes, a diferencia del Ejecutivo, con su sistema de “el ganador se lo lleva todo”, que deja sin voz a las minorías, o del resto de los poderes, constituidos por votaciones de segundo o tercer nivel. “Parlamento” viene del francés “parler”: es el espacio natural para el debate, para el contraste de ideas diferentes, para la construcción del consenso. El que dos poderes puedan aliarse para anular la expresión popular, reduciendo al poder legislativo a un circo en el que se discuten cosas que nunca llegarán al mundo real, abrogándose capacidades que los sitúan por encima del poder constituyente del pueblo, inevitablemente romperá el delicado equilibrio del sistema democrático, desplazando de su centro la máquina de Goldberg que es el Estado de Derecho. Sin separación de poderes, sin sistema de controles y contrapesos, el Estado de Derecho deja de ser posible. Sin Estado de Derecho, sin sometimiento a la norma jurídica, entramos en la noche oscura del caos: el pacto social se rompe, y nadie puede garantizar el orden, no hay nadie para protegernos de nosotros mismos, ni mucho menos del Estado.
¿Qué busca un gobernante que apuesta a la desaparición de uno de los tres poderes clásicos de la democracia? Hablar de los límites que se imponen a su gestión como si fueran mecanismos de guerra, cuando -una vez más- constituyen precisamente el sistema de controles que es requisito intrínseco y fundamental a la democracia, es no entender la democracia en absoluto: haberse acostumbrado al caudillismo por más de una década, a un sistema en el cual el deseo del poder reinante es la medida de las leyes, donde no existen límites ni frenos a ese poder, y en consecuencia haber olvidado el significado del término “estado de Derecho”. Al menor amago de restituirlo, el poder se ofende, se irrita: algo pretende ponerle obstáculos a mis deseos supremos, ese algo es el enemigo.
El Estado, por definición, necesita ser plural: necesita representar a los diversos sectores y estratos de la sociedad, necesita estar integrado por diversas fuerzas que, empujando en diferentes direcciones, permitan al país avanzar al mismo tiempo que mantienen el delicado equilibrio sobre la cuerda. Únicamente la restitución de la separación de poderes, del sistema de controles y contrapesos, puede permitirnos detener la caída.
