La “guerra económica” contra la privacidad
Desde el año 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la creación de un nuevo modelo económico -para ese entonces largamente aún por definir- requirió crear leyes a la medida de las necesidades del partido gobernante: se creó una nueva Constitución, y de este modo se fijaron las bases para lo que luego se conocería como “socialismo del siglo XXI”. La retórica, desde sus más tempranos comienzos, hablaba en el lenguaje de la guerra y la retaliación: los disidentes eran “enemigos” y esto era una lucha contra el “colonialismo”. La guerra ficticia ha cambiado su nombre muchas veces: ha sido una “guerra económica”, una “guerra mediática”, una “guerra psicológica” e inclusive una “guerra memética”. Como sea, no fue sino hasta muchos años después, cuando la crisis económica se profundizó como consecuencia de políticas pobremente concebidas y la caída de los precios del petróleo, que el gobierno la etiquetó como “la guerra económica” y la designó como la causa de todos los males. De este modo, la llamada guerra económica se convierte en la justificación para toda clase de medidas, incluyendo muchas que de manera aislada parecen sólo intrusivas contra las libertades económicas, pero que al analizarse como un conjunto conforman la estructura de un estado de vigilancia que lo impregna todo.
Primero llegaron los escáneres de huellas: cuando la comida se hizo escasa a causa de los controles de precios, la manera en la que el gobierno decidió hacer cumplir sus esquemas de racionamiento de alimentos fue comprar sesenta mil escáneres de huellas y ubicarlos a todo lo largo y ancho del sistema de distribución alimentario. En Venezuela, donde el sistema electoral está completamente automatizado y la confianza en las autoridades electorales está en peligro de extinción, éste ha sido un modo de imponer control político como consecuencia de la confusión. Sin embargo, también existe un enorme misterio en lo que respecta a dónde va toda la información que este sistema recolecta (no sólo la huella de ambos pulgares, sino el nombre del comprador, su dirección, fecha de nacimiento, número telefónico y cédula de identidad) y cómo se comparte y distribuye esta información entre distintas oficinas gubernamentales. Sin una ley de protección de datos y en el marco de un gobierno extremadamente reservado, que niega información sobre las bases de “no necesitas saber eso”, es muy difícil creer que esta información esté siendo manejada bajo estándares de respeto a la privacidad.
Cerrar las vías para las transacciones no reguladas en torno a alimentos y otros bienes bajo control de precios parece ser el objetivo principal. El año pasado, la Superintendencia Nacional de Bancos hizo público que exigían a las entidades financieras entregar toda la información de cada una de las transacciones electrónicas hechas por sus clientes: esta información incluye direcciones IP, montos, nombres, cuentas bancarias y el motivo detrás de cada transación. Es el mismo caso con sitios web usados para comprar y vender bienes, que estaban siendo usados para sortear los controles y encontrar bienes escasos, como MercadoLibre: no sólo el gobierno les prohibió permitir la venta de cualquier tipo de alimentos y de bienes controlados en el sitio, sino que también exigieron toda la información relativa a compradores, vendedores y transacciones.
Anteriormente este año, el gobierno anunció que estaban usando drones para llevar a cabo labores de vigilancia en ciertas áreas, incluyendo las colas para comprar comida, con la finalidad de “controlar” a quienes denominan “bachaqueros”: personas que han hecho su trabajo del acto de comprar comida a precios controlados y venderla obteniendo una ganancia. Esta actividad es altamente perseguida por el gobierno, aunque resulta difícil ver cómo el uso de drones de vigilancia podría ayudar a controlarla. Apenas hace unas semanas, dos personas fueron arrestadas por dirigir una mina de bitcoin, que fue comparada por las autoridades a “dirigir una casa de bolsa clandestina”. De nuevo, la “guerra” contra las actividades económicas que van en contra de los deseos del modelo político impuesto en ocasiones implica extender el largo brazo de la ley mucho más allá de lo que éste alcanza.
Las leyes de protección a la privacidad en Venezuela son más bien endebles, y la protección a los datos personales simplemente no existe, pero bajo la retórica de la “guerra”, la privacidad ni siquiera es una prioridad, como ha sido demostrado un sinnúmero de veces cuando el gobierno interviene llamadas telefónicas y correos electrónicos sin orden judicial. Más aún, la seguridad de estas bases de datos controladas por el gobierno es dudosa, y cuando se añade al vasto caudal de información -el registro civil y electoral, los sistemas tributarios y de seguridad social- cuyos estándares de seguridad son mucho menos que ideales, sólo se puede concluir que la vasta capacidad para amasar información por parte de las autoridades venezolanas es un desastre de derechos humanos esperando suceder.
